Ibarra.- Para la Defensoría del Pueblo de Imbabura, el trabajo de la Prefectura en materia de movilidad humana es digno de ser tomado como ejemplo, por parte de los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquias y cantones. Así lo señala un comunicado dirigido por la Delegada Provincial de esta institución, Katerine Andrade, al Prefecto de Imbabura, Pablo Jurado.
En el documento señala que dentro del accionar de la Defensoría del Pueblo es importante conocer las buenas prácticas que viene mostrando el organismo provincial en el proceso de construcción de instrumentos legales que garantizan el respeto de los derechos de las personas en contexto de movilidad humana, la aplicación de las normas legales y las iniciativas que permiten una convivencia digna.
Precisamente, la actual administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, cuyo titular es el Prefecto Jurado, ha puesto énfasis en fortalecer las políticas públicas, garantizando el derecho a la integración de las personas en contexto de movilidad humana, en programas sociales, económicos y políticos. Actualmente, se impulsa la construcción de una Ordenanza sobre Movilidad Humana de la Provincia.
Política PúblicaConjuntamente con otras entidades públicas y organismos de cooperación, entre ellas, la Municipalidad de Ibarra, HIAS, FEPP, Asylum Access, ACNUR, Defensoría Pública, Consejo de la Judicatura, se trabaja en una serie a favor de las personas en contexto de movilidad humana, procurando una mejor calidad de vida, mediante el acceso pleno a los derechos de los migrantes, refugiados y personas en necesidad de protección internacional y sus familias en el territorio, así como su participación en la formulación de políticas públicas y en la operativización de planes, programas, proyectos, servicios y acciones tendientes a la protección y ejercicio de sus derechos, garantizando un proceso inclusivo.
A través del Patronato Provincial se ha puesto en marcha la Unidad de Movilidad Humana con un equipo de trabajo especializado que brinda en forma permanente asesoramiento jurídico. Se llevan a cabo proyectos dirigidos a velar por el respeto y cumplimiento de los derechos de las personas en contexto de movilidad humana y se ha implementado un modelo de gestión dirigido a ofrecer atención de salud a los grupos de atención prioritaria; soberanía alimentaria; acceso a los derechos consagrados en la Constitución de la República y Tratados Internacionales; protección integral por todo el ciclo de vida; asistencia en casos de violencia de género e intrafamiliar; y, atención a las personas con discapacidad.
