IBARRA.- La comunidad San Miguel Bajo y Pucará del cantón Otavalo fueron los sitiosvisitados por el prefecto Pablo Jurado; el alcalde Gustavo Pareja; y, el obispo de la Diócesis de Ibarra Iván Minda. El propósito fue analizar los mecanismos que permitan transferir dos propiedades de la iglesia en beneficio de estos poblados. Al momento, estos espacios son ocupados para la celebración de eventos culturales y deportivos, sin embargo, se trata de darles mayor utilidad, mediante la ejecución de proyectos de carácter social, cultural, deportivo y turístico. Para cristalizar el sueño de los moradores se llevó a cabo una inspección técnica constatando que al momento existen sitios en donde se desarrollan actividades recreativas, deportivas y culturales, pero, sin embargo, estos no se encuentran debidamente legalizados, a través de escrituras, como bienes destinados al servicio público. En la parroquia San Rafael, Pedro Isama, presidente de la comunidad San Miguel Bajo, señaló que desde hace años han hecho uso de la propiedad que está a las orillas del lago San Pablo. “Aquí se ha venido realizando la fiesta del Pawkar Raymi y ha sido utilizado también para una serie de programas de carácter deportivo”. En Eugenio Espejo, lugar donde se encuentra el legendario lechero, símbolo turístico del cantón Otavalo, se observó el espacio en donde se pretende construir un centro cultural que beneficie a las comunidades en temas de turismo comunitario. Luego de los recorridos, el obispo Iván Minda señaló que la misión de la iglesia es integral. No solo a se dedica a la parte de la espiritualidad. La cooperación y entendimiento con instituciones que persiguen el bien común es una de las acciones permanentes, en procura del desarrollo de los pueblos. La autoridad de la iglesia católica se mostró partidario de estructurar un plan conjunto con las entidades públicas, dirigido a responder de manera positiva frente a las necesidades de las comunidades. “Hay que trabajar en una propuesta que comprometa a todas las instituciones a colaborar en un tema dirigido al bienestar”. El prefecto de Imbabura, Pablo Jurado, sugirió la integración de una comisión que se encargue de avanzar con el diseño de una propuesta técnica que abra la posibilidad de invertir recursos públicos. “La Prefectura no puede destinar fondos, mientras no sean terrenos comunitarios, por eso es importante llevar a cabo la legalización”.