Con preocupación y temor, una delegación de 20 habitantes de Las Golondrinas, acudieron acompañados con el prefecto de Imbabura,  Pablo Jurado, a la Fiscalía Provincial para presentar una denuncia de intimidación. El procedimiento lo hicieron ante el titular del organismo, Andrés Jaramillo. Desde el pasado 3 abril,  declararon, luego de conocerse los resultados de la Consulta Popular, que mostraron la voluntad mayoritaria de los pobladores de querer pertenecer a territorio imbabureño, los simpatizantes de la tesis de Esmeraldas han protagonizado desmanes, cometido daños materiales contra la propiedad privada y han proferido amenazas  a quienes respaldaron a la provincia de Imbabura. En las oficinas de la Fiscalía, el prefecto Pablo Jurado manifestó, ante la prensa, que esa actitud  es una demostración negativa ante la decisión soberana  del pueblo golondrinense. “Hay intereses afectados con este resultado y por ello han amenazado a las personas que encabezaron el apoyo a Imbabura. A partir del pronunciamiento en la Consulta Popular  no se ha recogido los desechos sólidos, a pesar de que a través de la planilla de electricidad se paga por este servicio al Municipio de Quinindé, siendo además una obligación de todas las autoridades de velar por la salud de los habitantes”, dijo. APOYO Manifestó que a partir del lunes, 4 de abril, Las Golondrinas entró en un periodo de transición y luego de este tiempo se podrá tomar acciones para garantizar la atención pública. Sin embargo, por parte de Imbabura, afirmó, ya se ha puesto en práctica un plan de trabajo encaminado a garantizar el bienestar de este poblado. Refiriéndose al conflicto generado, Jurado señaló que en calidad de autoridad provincial mantiene el compromiso de no abandonar a los habitantes, más aún, ahora que legalmente pertenecen a Imbabura. “Es nuestro deber acompañarles en todas las gestiones que emprendan, en este caso, cuando se conoce sobre la existencia de amenazas en contra de la integridad física es necesario acudir ante las instancias legales para que se intervenga y de ser el caso se sancione, antes que se den hechos que se deban lamentar”. Antes de arribar a la Fiscalía, el titular del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial acudió ante el gobernador, Diego García, para por su intermedio pedir la intervención de la Policía Nacional y de ser el caso de los militares a fin de garantizar la seguridad ciudadana. La respuesta ante este requerimiento fue positiva, tomando en cuenta que ahora el tema de seguridad corresponde asumirla la jurisdicción imbabureña. TEMOR Por parte de los denunciantes, Juan Pablo Díaz, quien encabezó la campaña a favor de Imbabura en Las Golondrinas, manifestó que quienes se mostraron contrarios a esta tesis aún no asimilan el resultado. “Tuvimos una buena aceptación y eso no les gustó. La situación en Las Golondrinas es crónica, hay basura en las calles, se lanzan  piedras, se expresan insultos y amenazas  a los dirigentes. Pedimos a la Gobernación que se nos envié contingente militar para que controlen la situación ya que tememos por la integridad nuestra y de varias familias”. José Morocho, presidente del Comité Pro Límites de Las Golondrinas, vía telefónica, dio a conocer la situación preocupante por la que están atravesando en el recinto. “Queremos que se tomen cartas sobre el asunto. Hemos acudido ante los organismos competentes  para poner la denuncia y esperar que se realicen las investigaciones. El prefecto de Imbabura  nos está brindado el apoyo necesario a pesar de que este tema  no corresponde a  su competencia”. Andrés Jaramillo, fiscal provincial de Imbabura, indició  que se están denunciando delitos de acción pública, ya que se habla de  amenazas e intimidación. “Se dará inicio a la fase investigativa para poder establecer posibles responsables de este tipo de hechos vandálicos que son castigados por la ley”, aseguró.